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jueves, 29 de septiembre de 2011
Cañar: XII Congreso de la TUCAYTA
XII CONGRESO DE LA TUCAYTA
La Organización TUCAYTA, filial a la UPCCC-ECUARUNARI-CONAIE, se prepara a realizar el XII CONGRESO. Se tienen previsto que sea un espacio de presentar los logros, dificultades, desafíos, vivencias, recuerdos, anéglotas vividos y compartidos durante el periodo 2009-2011, así como el proceso socio-organizativo mismo de la Organización. Asimismo será un espacio para aprovechar y facilitar espacios propicios que permitan una recapitulación y evaluación del proceso, así como el establecimiento de nuevas estrategias.
El Consejo de Gobierno y la Comisión Organizadora han previsto celebrar este Congreso de manera muy significativa, con la más amplia participación de actores y de un contenido profundo, buscando en una MINGA respuestas comunitarias necesarias que permitan configurar, estructuras, reestructuras, innovar y enrumbar a la TUCAYTA como organización para estos tiempos.
El XII CONGRESO de la TUCAYTA, se realizará 22, 23 y 24 de Septiembre de 2011, en la sede de la misma organización, ubicada en el sector Izavieja, ciudad de Cañar, Provincia del Cañar, a partir de las 08h00.
CONSEJO DE GOBIERNO COMUNITARIO
ISIDORO PICHISACA POMAVILLA MARCELO VERDUGO
PRESIDENTE COOR. DE LA TUCAYTA
miércoles, 28 de septiembre de 2011
ECUADOR: La resistencia al megaproyecto Chone (Otro TIPNIS...)
Río Grande y la resistencia de sus pobladores al megaproyecto Multipropósito Chone
Por Decio Machado
El pasado 22 de septiembre la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) anunciaba a “bombo y platillo” que las maquinarias del Consorcio Tiesiju-Manabí, iniciaban los trabajos de desbroce y excavación en el lugar donde está previsto se construya el cuerpo de la represa.Esa misma mañana cinco volquetas, una excavadora, dos payloader y un tractor ingresaban en la zona, comenzando a realizar los trabajos de limpieza de la capa vegetal y las primeras excavaciones dentro de los terrenos adquiridos por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).
El comunicado de SENAGUA indica que “las tensiones en Río Grande están bajando y cada vez son más los choneros que ven al Proyecto Propósito Múltiple Chone (PPMCH), como un sinónimo de desarrollo y progreso”[1], y se hacía un llamamiento para que la constructora china Lu Zheng Lai, procediese de inmediato a dotar de personal y maquinaria la obra.
Los pobladores de la zona cuestionaban el comunicado oficial, explicando que si las “tensiones” han bajado, porque son visibles en el entorno diversos puestos policiales, sobre lo que el intendente de Policía, Luis Córdova, indica que se da cobertura policial con el fin de “prevenir cualquier incidente”, dando “apoyo a los funcionarios que están realizando los trabajos que son no solo de interés provincial sino nacional”.
¿Qué es el Proyecto Multipropósito Chone?
El Proyecto Multipropósito Chone es una construcción que implica una represa en el río Grande y el desagüe en la parroquia San Antonio. Su presupuesto referencial en la adjudicación realizada en abril del 2010 era de 46,5 millones de dólares sin IVA, y la construcción debería estar lista en 36 meses contados a partir de la entrega del anticipo del 35 % del valor de la obra.
La represa de río Grande deberá almacenar 113,24 Hm3 (hectómetros cúbicos) de agua, y tendrá una altura de 57,50 metros y una longitud de 276 metros. Los caudales vertidos desde El Olimpo serán conducidos hasta la laguna de inundación de La Sabana situada en la margen derecha del tramo inferior del río Carrizal, la longitud total de este canal es de 5.520 metros.
Desde el gobierno del presidente Rafael Correa se ha pretendido posicionar la idea de que esta represa es una reivindicación de los habitantes de Chone, debido a que a través de esta obra se impedirá que la zona urbana se inunde en época de invierno con el crecimiento de los ríos Chone, Mosquito, Garrapata y Carrizal, circunstancia causante millonarias pérdidas económicas.
Río Grande
Río Grande es una micro-cuenca de más de 60 Km2 ubicada a ocho kilómetros de la ciudad de Chone, en la provincia de Manabí. Hablamos de una zona biótica correspondiente al bosque tropical húmedo con pluviosidad media anual de 2500 mm[2]. Río Grande carece de representación política mediante una Junta Parroquial, y según datos proporcionados por el personal contratado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) para el Censo 2010, se estima que su población abarca algo más de 1.700 familias.
Es el río Grande quien da nombre a este territorio, naciendo en las montañas del Arroyo y juntándose al río Mosquito unos 30 kilómetros más abajo, para seguir su curso hacia la ciudad de Chone donde se confluye con el río Garrapata. Río Grande forma parte de las cuatro micro-cuencas (junto a las del río San Lorenzo, el río Garrapata y el río Mosquito) que conforman la cuenca del Río Chone.
Desde 1997 las comunidades de Río Grande están representadas por el Comité Central de Comunidades Campesinas de Río Grande, que agrupan las comunidades de: El Espejo, Camarones, La Balsa, Cañitas, El Naranjo, Betillal, La Palma, Juan Cayo, Boca de Coñaque, Coñaque, El Cerezo, El Japón, La Mina, El Aguacate, El Achiote, El Ceibo, El Jaboncillo, Solesté, Sánchez, Boca de Sánchez, Platanales, Estero El Rancho, La Capilla, La Tola, El Guabillo, La Piedra, San Roque, Zapote, La Ñarusa, Limón, El Jobo de Río Grande.
La zona es muy fértil, produciendo cítricos, cacao, ganado vacuno porcino y avícola, leche y sus derivados, a la par que yuca, maíz, maní y plátanos. Incluso algunos de sus productos –como la mandarina- son exportados a países como Perú, Colombia y Venezuela[3]. Esta producción agrícola ganadera de Río Grande genera puestos de empleo a más de cuatro mil personas, estimándose en cerca de 20 millones de dólares anuales su aportación a la economía local de Chone.
Pero no solo al ámbito económico se ciñen las riquezas de Río Grande. A mediados de este mes de septiembre, el personal técnico del Instituto de Patrimonio Cultural inició trabajos para el rescate de osamentas encontradas por las excavaciones que el Consorcio chino Tiesiju-Manabí –adjudicatario de la obra- viene realizando en la construcción del canal de desagüe que forma parte de la obra.
La Dirección Regional de Patrimonio Cultural procedió a enviar al lugar un equipo de rescate arqueológico, los cuales iniciaron las labores pertinentes para salvaguardar las piezas correspondientes a dos tumbas tipo chimenea.
Esta actuación de los funcionarios de Patrimonio Cultural es apenas una pequeña muestra de lo que alberga el subsuelo de la zona. Basta recorrer la micro-cuenca y entablar relación con sus pobladores para visualizar la enorme abundancia existente de restos arqueológicos –vasijas, vasos, platos, reposacabezas…- en la zona. De hecho, una de las aficiones de las y los más jóvenes en el lugar es la arqueología amateur, supliéndose así las enormes carencias institucionales en este sentido[4].
A pesar de ello, ni Patrimonio Cultural, ni la SENAGUA, ni el Departamento de Cultura del Municipio de Chone se han cuestionado en ningún momento la paralización de este megaproyecto, priorizando un “supuesto” factor económico por encima de la investigación arqueológica y rescate patrimonial ecuatoriano en Río Grande.
SENAGUA y la posición gubernamental
Para el mal llamado gobierno de la Revolución Ciudadana, el Proyecto Propósito Múltiple Chone será un icono para el desarrollo de Chone, planteando que con este proyecto no sólo se solucionará el inconveniente de las inundaciones, sino también se dotará de agua a la región cuando llegan los períodos de sequía. También el ingeniero en hidráulica, Euclides Andrade, quién fue el creador del proyecto cuando era estudiante en la década de los 80 y ahora promocionado por la SENAGUA, indicaba en alusión al costo social y ambiental del megaproyecto: “hay ocasiones que se pierde y otra se gana y en el balance gana una gran mayoría urbana y rural según los estudios la rentabilidad de producción se elevaría 11 veces más”[5].
Por su parte, desde la visión del mandatario ecuatoriano, es “la oposición reúne gente para boicotear, oponerse y obstaculizar los grandes proyectos que ejecuta el Gobierno”. Así lo afirmó Rafael Correa, durante el Enlace Ciudadano No. 228.
Según Correa el Proyecto Multipropósito Chone es la obra más esperada por 40 años para la población local, y pese a que están listos los estudios y pagado el anticipo económico respectivo, aún no puede ejecutarse por la oposición de “unas pocas familias”.
Con una visión extremadamente simplista, el Jefe de Estado ecuatoriano indicaba, “que me digan cómo se evitan inundaciones sino es construyendo un embalse aguas arriba. Pero así es el egoísmo y la falta de visión”.
Tras estas continuas descalificaciones sobre la población montubia local de Río Grande, Correa agregó que en buena medida esta situación obedece a la manipulación política porque si hay 15 0 30 campesinos hay 30 politiqueros tratando de hacerle daño al Gobierno: “Ahí están los lucios, Prian, el grupo de Gustavo Larrea, Packakutik y el MPD tratando de evitar que se haga el proyecto Multipropósito Chone”, recriminó.
Además indicó que dichos grupos ya acuden con acciones de violencia, amenazan a los técnicos, intentan agredir a la empresa china que ganó el concurso, incluso afirmó que hay amenazas de muerte contra los funcionarios encargados de impulsar la obra y contra el alcalde de Chone.
Y terminó exhortando a los ciudadanos de Chone a que asuman su responsabilidad y responsan ante esta situación: “¡Este es el único Gobierno que ha cumplido con esto y que una docena de familias, guiada por un grupo de politiqueros irresponsables, se oponga al bien común…!”[6]
Debido a la resistencia local, Río Grande ha sido declarado por el gobierno de la Nación “Zona de Seguridad Nacional”, con la finalidad de avanzar con el Proyecto Multipropósito Chone.
El decreto 2010-194 de SENAGUA (diciembre/2010) indica: “Declárase de utilidad pública con fines de expropiación urgente y ocupación inmediata, los inmuebles necesarios para la construcción del canal de desagüe en San Antonio, que forma parte del Proyecto Multipropósito Chone, Fase 1.”[7]
Desde la perspectiva gubernamental se ignora la oposición de los pobladores de la zona afectada, asumiéndose una suerte de legitimidad para arrasar y violar los derechos colectivos fundamentales del pueblo montubio habitante de este territorio.
De esta manera el presidente Correa amenazó con la militarización de la zona, pese al riesgo de enfrentamiento con los habitantes del sector, no aplicando el art. 398 de la Constitución de Montecriste, en el cual se indica que “toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad…”. De igual manera, las autoridades gubernamentales ignoran el derecho constitucional a la resistencia, y dejan de lado el legítimo derecho a participar a la población en la toma de
decisiones bajo acuerdos y consensos, al igual que su legítimo derecho a defender a la Madre Tierra, derecho a la vivienda o el Sumak Kawsay.
decisiones bajo acuerdos y consensos, al igual que su legítimo derecho a defender a la Madre Tierra, derecho a la vivienda o el Sumak Kawsay.
De hecho, no fue hasta el pasado 8 de septiembre cuando apenas un centenar de personas de los sitios Cerro de Mosquito, Cerro de Río Grande, Vaca de Monte, La Ñarusa, Come Tierra y Tablada de Sánchez, conocieron el plan de reasentamiento para las familias afectadas con la construcción de la represa de Río Grande.
Al encuentro, y con ánimo de justificar sus actuaciones, acudieron un nutrido grupo de autoridades gubernamentales entre los que destacaban la gobernadora Susana Dueñas, el subsecretario de la SENAGUA Benhur Rodríguez Párraga, el líder zonal de Chone Richelieu Mendoza, Sofía Espín y Juan Ronquillo del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, Javier Navia director provincial del MIDUVI, Elizabeth Molina coordinadora territorial del INFA, Katiuska Miranda Subsecretaria de SENPLADES, Ramón Jiménez de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones entre otros funcionarios de instituciones estatales que tienen que ver con el Multipropósito Chone en su primera fase .
Previo a esto y con el fin de ganarse el apoyo de la población chonera, la SENAGUA colocó gigantografías en la ciudad de Chone sobre los desastres que supusieron las inundaciones de 1982, 1997 y 1998.
Días antes, el 30 de agosto SENAGUA anunciaba la compra de 27 terrenos en San Antonio y 7 en Río Grande para la construcción de obras y desarrollo del proyecto. Por esos 34 predios SENAGUA pagó 815.950 dólares, indicándose también que faltan por carcelarse 62,80 Ha a propietarios con problemas de enajenación de bienes con el Banco Nacional de Fomento (BNF), en trámites de solucionarse. Según Ben Hur Rodríguez, subsecretario de SENAGUA, el proyecto se hallaba en un 6,5 % de avance, cuando por fechas de ejecución este debía corresponder al 18%.
Para el presidente Correa es necesario “que se organicen la gran mayoría de choneños y digan basta a esta gente que por todos lados quieren inmovilizar al país (…) ya es momento de realizar las cosas de manera seria, honesta y profesional.”[8]
Cuestionamientos al Proyecto Multipropósito Chone
Sin embargo, la visión desarrollista del presidente Correa no es compartida por otra mucha gente. Miles de grupos sociales en todo el planeta cuestionan la viabilidad de las represas. Para estos, las presas nos son sustentables social, económica ni ambientalmente y las comunidades tienen el derecho a decidir sobre el destino de sus territorios y el modelo de desarrollo que desean para sus pueblos.
En los estudios de impacto ambiental que se realizan para este tipo de proyectos es habitual desconsiderar que la materia orgánica en las represas producen cantidades significativas de gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. El impacto de las represas en áreas tropicales puede ser mucho más alto incluso comparado con las plantas más contaminantes de combustibles fósiles.
“El dióxido de carbono (CO2) se forma por la descomposición del carbono orgánico presente en los embalses. Las principales fuentes de este carbono son la vegetación y los suelos inundados al llenarse las represas por primera vez, la materia orgánica transportada por el río (proveniente de ecosistemas naturales, granjas o aguas residuales de las ciudades), el plancton y las plantas acuáticas que crecen y mueren en el embalse, y la vegetación que crece en el suelo temporalmente expuesto durante periodos en los que el embalse se encuentra con poco agua. Los embalses absorben CO2 atmosférico mediante el proceso de fotosíntesis de las plantas acuáticas y el plancton, lo que en ocasiones puede superar las emisiones de CO2.
El metano (CH4), un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO2, está formado por bacterias que descomponen la materia orgánica de aguas con bajo contenido de oxígeno y de los sedimentos presentes en el fondo del embalse. La capa de agua que se encuentra en la parte más profunda de los embalses tropicales tiene cantidades reducidas de oxígeno. Una porción del metano se oxida convirtiéndose en CO2 al subir a la superficie de embalse. Los embalses tropicales con poca cantidad de agua en los que las burbujas tienen menos tiempo para oxidarse tienden a aportar las más altas emisiones de metano. Nuevas investigaciones sugieren que la producción de metano podría ser mayor en los pequeños embalses de zonas templadas.
El óxido nitroso (N2O) es un potente gas de efecto invernadero formado por la ruptura bacteriana del nitrógeno. Se han realizado solamente algunas mediciones cuantificando los flujos de óxido nitroso en los embalses. Se descubrió que las emisiones eran inferiores en las regiones boreales, 1,2 pero significativas en los embalses tropicales. Debido a que el N2O es casi 300 veces más potente que el CO2 se necesitan más estudios para una mejor cuantificación de estas emisiones.”[9]
En el caso del Ecuador, a la larga historia de afectaciones contra el ambiente, los ríos y el agua, se suma una situación grave en materia de derechos humanos, consecuencia de la violenta represión y criminalización contra los defensores de la naturaleza que en ejercicio de sus derechos y responsabilidades han levantado su voz de protesta y resistencia contra los agresores a la Madre Tierra.
En este sentido, el presidente Correa no solo declara el territorio de Río Grande “Zona de Seguridad Nacional”, con lo que todo ello implica militarmente, sino que además arenga a la población urbana de Chone a enfrentarse con los pobladores resistentes al megaproyecto en las zonas rurales afectadas.
Los estudios de costos del megaproyecto Multipropósito Chone, desde su concepción neodesarrollista, ignoran lo que podríamos definir como internalización de las externalidades, cuyo impacto más grave en este sentido tiene que ver con el desplazamiento de la población existente en la zona y todas las consecuencias psicosociales, culturales y económicas que ello significa. Para situar bien este ámbito hemos de tener en cuenta que la afectación directa del Multipropósito Chone es sobre unos 6.000 personas que pueblan la zona que se verá inundada, con el consiguiente despojo de tierras, afectación de las formas de vida tradicionales montubia en la zona y la más que previsible expulsión de esta población a zonas del extrarradio urbano marginal en la ya problemática ciudad de Chone.
Los antecedentes de proyectos de estas características en el lugar tampoco auspician nada especialmente fructífero, cosa que hace desconfiar fuertemente a las poblaciones afectadas. En este sentido, es de destacar el estudio publicado en el mes de agosto del presente año, el cual fue auspiciado por el Centre for Water and Climate de la Wageningen University de Holanda, la Fundación Heifer y el Consorcio Camaren. En él se indica que el Sistema de Riego Carrizal Chone, que usa las aguas de la Represa Multipropósito La Esperanza ubicada en la provincia Manabí del Ecuador, afectó a muchos agricultores, los cuales aún afirman ser tratados injustamente. Según este informe, “los resultados sobre el funcionamiento del sistema Carrizal Chone exponen una total falta de involucramiento de los usuarios en la toma de decisiones, en la distribución de derechos de agua e incluso en la operación y manteniendo del sistema, lo cual es considerada por éstos injusta”[10].
El Proyecto Multipropósito Chone se justifica bajo la siguiente arenga institucional: proporcionará agua a territorios agrícolas con esta necesidad situados en zona adyacente, suministrará agua a la ciudad de Chone y evitará las inundaciones históricamente conocidas en el lugar.
Veamos cada una de estas cuestiones:
1.) Bajo la justificación de regar 2.200 Ha de tierra situadas desde la parroquia Ricaute hasta la entrada de San Andrés, se pretende inundar 6.000 Ha de los terrenos más fértiles de Chone. Río Grande es un lugar donde diariamente salen del entorno de medio centenar de camiones cargados de productos agropecuarios, donde la producción se estima cercana a 20 millones de dólares anuales y donde el peonaje apenas existe, dado que existe una forma de explotación agraria basada en el apoyo colectivo entre los vecinos de la comunidad, todos por cierto propietarios de pequeñas cantidades de tierra.
A su vez, basta con observar el territorio que pretende ser regado por la represa de Chone para constatar la fertilidad también de estas tierras, cuyo nivel freático reposa apenas entre 3 y 6 metros por debajo del nivel del suelo.
2.) El suministro de agua potable a Chone se encuentra con un obstáculo capital, este tiene que ver con la antigüedad de su planta de tratamiento de aguas –construida hace más de 30 años- la cual no tiene capacidad para más de 10 mil m3 al día. Las necesidades actuales de la población de Chone, la cual ha crecido ostentosamente en los últimos años, requiere una planta con capacidad de unos 30 mil m3, situación no contemplada en el Multipropósito Chone.
3.) En lo concerniente al control de inundaciones, Chone está ubicada en zona de Costa a 14 metros sobre el nivel del mar, situación que hace a priori inexplicable porque se inunda periódicamente. La ciudad se encuentra ubicada entre dos elevaciones, trazando un camino fácil para el recorrido del agua en caso de algún tipo de desastre natural –Ecuador es un territorio con alta tendencia sísmica- que impactara sobre la represa.
Esta situación se agrava debido a que “el diseño geotectónico de la presa en Río Grande es inadecuado, dada la complejidad geológica del sitio: en el estribo izquierdo de la presa, las recientes remociones del suelo indican que allí no tienen estratos de roca base bien definidos, se aprecia materiales deslizados (coluviales) de grandes dimensiones, que tal vez sean de origen marino. El Estudio reconoce la heterogeneidad del material del sitio, pero el diseño de la presa no refleja esa realidad. A la hora de sostener 50+m de altura de agua este estribo requerirá tratamientos especiales muy costosos, lo que encarecerá la obra más, tal como ha sucedido en otros proyectos en el Ecuador”[11].
Las graves inundaciones en Chone se dan a raíz de en los años 70 se desarrollara fuertemente la industria del camarón en la Costa ecuatoriana. La represa Simbocal, la cual se encuentra aguas debajo de la unión entre los ríos Carrizal y Chone, se ha transformado en un obstáculo para el desagüe rápido del río. Esta represa, la cual destruyó el entorno natural del humedal La Segua, está destinada al beneficio de criaderos de Chame río arriba manteniendo agua dulce represada, y de igual manera al beneficio de camaroneras situadas río abajo, controlando los desbordes crecientes del río.
La disminución de la zona de inundación, debido a los muros construidos por las camaroneras y la destrucción de los manglares generados a partir de dicha actividad, redujo de forma notable la capacidad de evacuación del río Chone. Esto sumado al almacenamiento de sedimentos en las compuertas de las 12 compuertas del Simbocal, hace que el río Chone quede gravemente obstaculizado en zonas de desembocadura, inundando a comunidades vecinas y prolongando estas inundaciones a la ciudad de Chone.
En este sentido, y bajo la responsabilidad que debe acompañar al órgano rector del Agua en Ecuador, la SENAGUA debería plantear como solución a las inundaciones de Chone no un Multipropósito cuyos propósitos están más que cuestionados por técnicos y los habitantes de la zona, sino la eliminación de las camaroneras en el estuario y la correspondiente restauración de los manglares por ellas extinguidos.
Por último, se debe contemplar también otras acciones propuestas por la población local que son alternativas a la construcción de un megaproyecto de acero y hormigón en un territorio tan complejo como el afectado. Entre ellas destacan: la reforestación, la instalación de diques de cheque con ramas y troncos en quebradas pequeñas, la excavación de zanjas de infiltración en campos de cultivo, el desarrollo de terrazas de formación lenta en terrenos de pendientes suaves y la construcción de albarradas pequeñas y medias en las cabeceras de las quebradas.
Estas soluciones no solo ayudan a retener agua de lluvia más tiempo en las cabeceras, sino también: reducen las pérdidas de suelo en los predios y la sedimentación en los ríos; retienen la humedad y los nutrientes en el campo de los cultivos; y aumentan los caudales de las manantiales[12].
Una licitación problemática
La obra del Proyecto Propósito Múltiple Chone tuvo cuatro empresas interesadas para su construcción.
Entre las empresas oferentes se encontraba la actual adjudicataria, la china Tiesiju, quien ya había ganado un proceso anterior, pero cuya licitación fue anulada y declarada “desierta por errores jurídicos y falta de garantía”[13]. En segunda ocasión, esta entidad china apareció con la empresa Manabí, presentando la segunda oferta más alta. La cifra fue de 51’889.103 dólares. La
oferta de mayor inversión correspondió a la empresa Licosa con un monto de 57’728.759 dólares. Otro aspirante y que también participó en la anterior licitación fue la mayor constructora del país, Hidalgo e Hidalgo, que ofertó 49’747.355 dólares; y, la oferta más baja la hizo el consorcio de empresas ecuatorianas y colombianas San Antonio Grande, con un monto de 43’263.648
dólares.
oferta de mayor inversión correspondió a la empresa Licosa con un monto de 57’728.759 dólares. Otro aspirante y que también participó en la anterior licitación fue la mayor constructora del país, Hidalgo e Hidalgo, que ofertó 49’747.355 dólares; y, la oferta más baja la hizo el consorcio de empresas ecuatorianas y colombianas San Antonio Grande, con un monto de 43’263.648
dólares.
Si el director general en Ecuador de la empresa Tiesiju, Hu Jie, había impugnado ante la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la anulación de la adjudicación del proyecto Múltiple Chone, realizada el 30 de diciembre de 2009[14], de igual manera procedió el Consorcio San Antonio Grande el 20 de abril del 2010, alegando como causa para la impugnación un error en la sumatoria de
valores.
valores.
La alegación ecuatocolombiana no prosperó, lo que muchos entendieron como una concesión del gobierno ecuatoriano a la empresa china dentro del marco de acuerdos binacionales establecidos entre los dos países.
Situación actual
Mientras la SENAGUA desarrolla una pelea legal, calificada por los pobladores de Río Grande como violentatoria de sus derechos jurídicos, para la expropiación de los terrenos del morador Don Alfredo Zambrano –unas 40 Ha situadas en lo que será el dique de la represa-, los moradores afectados guardan vigilancia día y noche en los caminos de acceso a sus pequeñas propiedades.
Los pobladores montubios de Río Grande han hecho de las tierras que el gobierno del presidente Correa pretende inundar, un manantial de abundancia agrícola y ganadera. No utilizan químicos para sus cultivos, la fertilidad de sus tierras, incluso en las terrazas más altas generan un nivel alto de productividad. De igual manera, sus mujeres e hijas, agrupadas en torno a la Asociación de Montubias Agroproductivas de Río Grande desarrollan de forma paralela a su actividad agraria, micro emprendimientos enmarcados en el turismo comunitario. Las y los jóvenes del lugar, manifiestan su voluntad de quedarse a vivir la misma vida que han vivido sus padres, ignorando las “supuestas bondades” que les ofrece la ciudad de Chone.
Algunos de ellos ya pagan por suconvicción y reivindicación de sus formas de vida. El doctor Elvis Suárez, quien ostenta un consultorio particular en Chone nos indica: “Claro que defender nuestros derechos tiene un costo, en mi caso y siendo el único especialista en medicina deportiva en la ciudad de Chone, me dejaron fuera como médico para la Liga Cantonal por defender Río Grande”.
Por su parte, el poblador Alfredo Zambrano, el poblador más respetado de la zona, al que se le considera como el “padre de las comunidades afectadas” nos manifiesta: “¿a donde nos vamos a ir?, nuestras manos son expertas en cultivar los campos, esta es nuestra vida, no queremos otra cosa. Además, quien no defiende la tierra de sus ancestros es un maldito, no se trata de plata, estamos defiendo nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra forma de vida”.
“Estamos dispuestos a morir si es necesario por defender nuestras tierras, aquí tenemos a nuestros ancestros enterrados, aquí hemos nacido y criado la mayoría de nosotros, y aquí moriremos si es menester”. De esta rotunda manera se expresan las mujeres, hombres y jóvenes de Río Grande al ser consultados sobre qué pasará si entran las fuerzas de seguridad del Estado en su territorio.
Lo que pase a partir de aquí será responsabilidad de las autoridades institucionales que tienen competencias sobre el caso, desde el presidente Rafael Correa hasta los funcionarios de la SENAGUA en la demarcación de Portoviejo, pasando evidentemente por el llamado ministro del Agua, Don Cristóbal Punina –conocido en la estructura de Alianza PAIS por haber sido el responsable de Finanzas y Tesorería en diversas campañas electorales del presidente Correa-.
[1] http://www.senagua.gob.ec/?p=6889
[2] Datos estimativos dado que no hay estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en la zona.
[3] En 2010 solo la cosecha de mandarinas estimada en 160 millones de unidades que se vendió en casi cuatro millones de dólares en el mercado local y a comparadores de Perú, Colombia y Venezuela.
[4] El problema de la capacitación académica de los arqueólogos no es un problema legal. La convalidación de los títulos no es un problema serio, dado que implica a un número muy limitado de profesionales. Sin embargo, en Ecuador existe una carencia enorme de especialistas en esta temática, y la formación teórica y práctica de los pocos estudiantes ecuatorianos en esta materia es más que cuestionable. En los diseños de planificación estratégica para la Enseñanza Superior del país andino, la SENPLADES olvidó, entre otras muchas carreras universitarias, la arqueología; así como la obligación moral de los Estados para coordinar y desarrollar planes nacionales adecuados en esta materia, según la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico adoptada por la Asamblea General del ICOMOS en Lausana en 1990.
[5] http://www.senagua.gob.ec/?p=6945
[6] http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=25987:oposicion-boicotea-el-proyecto-multiproposito-chone&catid=40:actualidad&Itemid=63
[7] http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6021:registro-oficial-no-351-miercoles-29-de-diciembre-de-2010&catid=343:diciembre&Itemid=602
[8] http://www.radioelnuevosol.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45:presidente-correa-sobrevolo-sitio-del-proyecto-multiproposito-chone-&catid=38:nacionales&Itemid=56
[9] International Rivers. “Represas sucias. Las represas y las emisiones de gases de efecto invernadero”. México, 2008.
[11] http://manabinoticiasenlinea.blogspot.com/2011/08/la-represa-de-rio-grande-es-la-peor.html
[12] http://manabinoticiasenlinea.blogspot.com/2011/08/la-represa-de-rio-grande-es-la-peor.html
[13] http://www.eluniverso.com/2010/01/25/1/1447/senagua-anuncia-proyecto-chone.html
[14] “Pido se deje sin efecto la resolución y se respete la adjudicación efectuada a favor del consorcio Tiesiju Chone efectuada el 24 de agosto del 2009, y se proceda a negociar a la negociación de los términos del compromiso de financiamiento presentado por el Bank of China Limited”, señala Hu Jie en un documento fechado el 9 de enero de 2010.
Azuay: Videos sobre Consulta Comunitaria en Ecuador
Estimados compañeros/as comedidamente solicitamos acompañar a este proceso inédito en el Ecuador ante la inercia del gobierno talvés exprofesamente no hace las consultas previas hemos tomado la decisión desde las comuniades, usuarios de agua llevar adelante esta consulta con delegados de organizaciones fraternas y observadores intrenacionales de Chile, País Vasco, Perú, Estados Unidos, Organizaciones Nacionales, Humberto Cholango (CONAIE), Delfin Tenesaca (ECUARUNARI), Gerónimo Yantalema, Lourdes Tibán (Asambleístas), Elsi Monge de CEDHU, CDES, ACCION ECOLOGICA, International servicios públicos, defensoria del pueblo, entre otros.
Acopañenos en este acto democratico pese a los aullidos del gobierno que sienten la amargura y dicen que no es legal la consulta, parece que están en el medievo donde había que pedir permiso al emperador, ignoran el art. 57,7 de la constitución y el convenio 169 de la OIT que permiten la autodeterminación de los pueblos y comunidades máxime que la consulta es sobre derechos colectivos sobre la vida misma como es el agua y su derecho humano al agua frente a la explotación mienra en fuentes de agua en Kimsakocha por ello es de trascendental importancia y que sentará precedente en el Ecuador como se ha hecho antes en Guatemala, Peru, Argentina, Colombia en fin ..
Les esperamos fraternalmente
Carlos Perez Guartambel
Presidente de los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay y la FOA
099111965
Presidente de los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay y la FOA
099111965
MAXIMA DIFUSION
Consulta Comunitaria sobre Minería.
Las comunidades de Victoria del Porte y Tarqui de la Provincia del Azuay – Ecuador, resolvieron llevar adelante un consulta comunitaria, en donde decidirán si quieren o no las actividades mineras en sus humedales y6 fuentes de agua, actividad minera impulsada por el gobierno de Rafael Correa. Para el día 2 de octubre 1.500 familias participaran de este evento histórico, que se realizara con la presencia de delegados nacionales e internacionales. Carlos Pérez dirigente de los sistemas comunitarios del agua explica los alcances de esta consulta.
Ver video en: http://www.phmovement.org/es/node/6195
Video sobre Encuentro Continental Por el agua y la Pachamama.
Entre el 21 y 24 de junio del 2011 se realizo en la Ciudad de Cuenca el Encuentro Continental de los Pueblos dela Abya Yala por el agua y la Pachamama, en el mismo que participaron 2.600 activistas, académicos, ecologistas, hombres y mujeres defensores del agua y la vida, de 17 países: el Equipo Comunicándonos del Movimiento para la Salud de los Pueblos – Latinoamérica (MSP-LA) realizo un registro del evento, aquí en video un resumen de los principales momentos del encuentro.
Fraternalmente
Equipo Comunicándonos
Relator James Anaya: extractivismo socava libre determinación indígena
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Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
Imposición de proyectos extractivos socava la libre determinación de los pueblos indígenas
Informe Anual del relator Especial de la ONU James Anaya subraya la obligación de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos.
Los proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos de desarrollo llevados a cabo en territorios indígenas o en proximidad de ellos socavan la libre determinación de los pueblos indígenas y constituyen una de las fuentes más importantes de la vulneración de sus derechos en todo el mundo, señala el Informe Anual presentado por el Relator Especial James Anaya ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El tema principal de este informe son las industrias extractivas (minería, hidrocarburos, forestales, represas hidroeléctricas) que realizan operaciones dentro de territorios indígenas o en proximidad de ellos. Además de la libre determinación, señala la vulneración de los derechos a la consulta, al territorio, a los bienes naturales y a la salud, entre otros.
“Se deberán celebrar numerosos debates, todos ellos sin duda necesarios, sobre el modelo vigente de operaciones de extracción y su impacto social y medioambiental. Mientras tanto, los pueblos indígenas seguirán siendo vulnerables a violaciones de sus derechos humanos que socavan los cimientos de su libre determinación y, en algunos casos, ponen en peligro su existencia misma como pueblos diferenciados”, advierte el Relator Especial James Anaya en su Informe Anual.
El informe, de 22 páginas, recoge y sistematiza las opiniones, preocupaciones y recomendaciones recibidas como respuesta a un cuestionario remitido por James Anaya el 31 de marzo del 2011 a los gobiernos, pueblos indígenas, empresas, expertos académicos y la sociedad civil en general.
Problema apremiante
Las actividades extractivas, afirma el Informe, producen efectos que a menudo violan los derechos de los pueblos indígenas. Los organismos públicos y las empresas privadas que participan en la extracción o explotación de recursos naturales han contribuido a causar estos efectos. Los derechos humanos siguen siendo violados como resultado de la creciente demanda de recursos y energía. Las operaciones cada vez más numerosas de las industrias extractivas constituyen un problema apremiante para los pueblos indígenas a escala mundial.
Uno de esos graves impactos es la gradual pérdida de control sobre las tierras, territorios y recursos naturales indígenas, lo cual se origina en las deficientes medidas de protección de las tierras comunales.
En cuanto al impacto medioambiental, el más grave es la degradación y destrucción de ecosistemas debido a las actividades extractivas, así como los efectos devastadores que esto causa en las economías de los pueblos indígenas, estrechamente vinculadas a esos ecosistemas. Además de la contaminación de las aguas y las tierras y la reducción de la flora y la fauna locales.
El agotamiento y contaminación de los recursos hídricos tienen efectos perjudiciales sobre el agua disponible para el consumo humano, el riego de tierras de cultivo y el pastoreo, y afectan a la pesca tradicional.
El Relator Especial también encuentra una conexión entre los daños medioambientales y el deterioro de la salud de las comunidades indígenas, así como con la pérdida de medios de vida tradicionales, con el consiguiente peligro para la seguridad alimentaria.
Efectos sociales y culturales
James Anaya se refiere también a los efectos negativos de las actividades extractivas sobre las estructuras sociales y culturales de los pueblos indígenas, señalando que la pérdida de tierras y recursos naturales pone en peligro su supervivencia como culturas diferenciadas que están unidas de modo inextricable a los territorios que habitan tradicionalmente.
La emigración forzada de pueblos indígenas desde sus tierras tradicionales, como consecuencia de su expulsión o de la degradación medioambiental causada por la extracción de recursos, tiene un impacto negativo general en las culturas y estructuras sociales indígenas.
Todo esto es agravado por el asentamiento ilegal de madereros o mineros, la llegada de trabajadores no indígenas y de personal contratado, y el aumento de tránsito de vehículos debido a la construcción de carreteras y otras infraestructuras en territorios indígenas.
“En Colombia –dice textualmente el Informe–, la llegada de las industrias extractivas a las zonas indígenas parece haber provocado una infiltración en los territorios indígenas de traficantes de drogas y guerrilleros, además de una militarización de esos territorios”.
Violencia y criminalización
Las actividades extractivas provocan criminalización y militarización. El relator advierte “una escalada de la violencia por los gobiernos y fuerzas de seguridad privadas en el contexto de las operaciones extractivas en territorios indígenas, dirigida principalmente contra dirigentes indígenas”, y acerca de “casos de represión general de los derechos humanos cuando comunidades enteras habían manifestado su oposición a las operaciones de extracción”.
Los proyectos extractivos, adicionalmente, provocan la destrucción de lugares de importancia cultural y espiritual para los pueblos indígenas, como sitios sagrados y restos arqueológicos.
Derecho a la consulta
El incumplimiento de la obligación de consultar a los pueblos indígenas sobre los proyectos de extracción de recursos naturales que les afectan es la causa de numerosos conflictos sociales, señala el Informe del relator Especial James Anaya.
Otra de sus preocupaciones es que “las comunidades indígenas pueden carecer de los conocimientos técnicos necesarios para participar en pie de igualdad en las consultas y negociaciones, por lo que deben confiar en las evaluaciones de impacto hechas por empresas extractivas, que no siempre evalúan de modo exacto y completo la envergadura del impacto de sus actividades sobre los pueblos indígenas”.
La situación se complica debido a que los marcos regulatorios nacionales deficientes constituyen barreras para el respeto de los derechos indígenas, en particular la ausencia de normas claras sobre “el contenido y alcance de los de derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales (…); los procedimientos de consulta con los pueblos indígenas; y los planes de participación de los beneficios”. Aun siendo insuficientes, “los gobiernos carecen a menudo de la voluntad política de hacer cumplir esas normas y transfieren su responsabilidad a las empresas y a los pueblos indígenas”.
En cuanto a la participación de los beneficios de las actividades extractivas, los pueblos indígenas tienen claro que los efectos negativos sobre su medio ambiente, cultura y sociedades tienen más peso que los mínimos beneficios a corto plazo obtenidos de las operaciones de extracción.
Responsabilidad de los Estados
El Relator Especial james Anaya señala que el actual debate mundial sobre las repercusiones de las actividades empresariales en los derechos humanos ha reafirmado que el Estado tiene la responsabilidad jurídica internacional última de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos.
Sin embargo, “los gobiernos tienden a inhibirse del proceso de aplicación de los procedimientos de consulta y de otras salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las operaciones de extracción, y actúan como simples reguladores”. Más aun cuando “los marcos regulatorios estatales relativos a los derechos de los indígenas (…) son insuficientes o inexistentes”.
Todo ello, afirma el Relator Anaya, “pone de manifiesto la necesidad de un cambio de la situación actual si se desea que la normativa de los derechos de los indígenas tenga un efecto significativo sobre las políticas y actividades de los Estados y las empresas en lo que atañe a los pueblos indígenas”.
Conclusiones y Recomendaciones
A partir del vínculo particular que tienen los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos naturales tradicionales, es indispensable proponer medidas para dar cumplimiento a las responsabilidades de los Estados y las empresas respecto de las normas internacionales en que se afirman los derechos de los pueblos indígenas.
Es también necesario avanzar hacia el logro de un entendimiento normativo común para que se hagan efectivos los derechos de los pueblos indígenas y las salvaguardias internacionales conexas en el ámbito de los proyectos de extracción y explotación de los recursos naturales en territorios indígenas, a fin de contribuir a una aplicación más completa de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras normas internacionales.
Para ello es importante establecer directrices o principios concretos encaminados a ayudar a los Estados, las empresas y los pueblos indígenas a cumplir las responsabilidades derivadas de las normas internacionales de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esta tarea forma parte del mandato del Relator Especial de examinar los obstáculos existentes para la plena y efectiva protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Por ello, el Relator Especial “ha establecido como prioridad máxima para la segunda etapa de su mandato la realización de consultas con los interesados, el intercambio de mejores prácticas y la elaboración de estudios concretos de expertos en relación con los pueblos indígenas y las industrias extractivas”.
Finalmente, sugiere al Consejo de Derechos Humanos que asigne al relator Especial “la tarea concreta de adoptar iniciativas para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas y las garantías institucionales conexas, en el contexto de los proyectos de extracción y explotación de recursos naturales que pueden afectar a los territorios indígenas, con objeto de que el Relator Especial pueda presentar al Consejo una serie de directrices o principios concretos en 2013”.
Lima, 23 de septiembre del 2011,
Comunicaciones CAOI
Informe completo en:
http://unsr.jamesanaya.org/esp/annual-reports/informe-del-2011-al-consejo-de-derechos-humanos
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Área de Comunicaciones
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
Ecuador-Colombia-Perú-Bolivia-Chile-Argentina
Dirección: Jr. Carlos Arrieta # 1049 Santa Beatriz, Lima - Perú
Telefax: 0051-1-2656250
Sitio web: www.minkandina.org
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Resoluciones ASamblea en defensa de la vida de Yantzaza
ASAMBLEA AMPLIADA DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN DEFENSA DE LA VIDA DE LOS ZAMORANOS, en Yantzaza del dia domingo 18 de septiembre del 2011
Responsables de la convocatoria: Gobierno provincial de la provincia, de la Asociación de Juntas Parroquiales, de las organizaciones; Seguro Social Campesino, Federación Provincial de Saraguros “ ZAMASKIJAT”, Unión Nacional de Educadores de Zamora Chinchipe y la Federación de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe se instala la Asamblea provincial a partir de las 10h00 del día 18 de septiembre del 2011, en el local del mini coliseo de la Escuela “General Rumiñahui” de la ciudad de Yantzaza. Luego de un debate y una serie de intervenciones, la Asamblea
RESUELVE:
1. Exigir al Gobierno Nacional que a través del Ministerio de Educación y de la DINSE se atienda con nueva infraestructura educativa, toda vez, que los cambios propuestos por el mismo gobierno en nuestro sistema educativo exigen infraestructura educativa en todos los establecimientos además el apoyo a los Asambleístas que han planteado el juicio político a la Ministra de Educación Gloria Vidal.
2. Rechazar al Gobierno Nacional así como las empresas mineras como KINROSS por su actitud de desalojar a los mineros artesanales de nuestros territorios, para dar paso a los intereses de las grandes empresas mineras neoliberales y multinacionales.
3. Exigir al Gobierno Nacional que, a través del ministerio de recursos no renovables se regularice los mineros artesanales y se les devuelva las herramientas de trabajo que han sido requisado en semanas anteriores.
4. Exigir al Gobierno Nacional toda la información relacionada a los grandes proyectos mineros a fin de que la ciudadanía esté totalmente informada respecto de sus efectos económicos, ambientales, culturales y sociales en el mediano y largo plazo.
5. Demandar la suspensión de la firma de los contratos de explotación con las empresas mineras TONGLING-ECSA y AURELIAN -KINROSS y las demás existentes en la parte sur del Ecuador, mientras no se aclaren todos los puntos contenidos en el oficio. Remitido desde la prefectura de la provincia al ministerio de los Sectores Estratégicos y otras inquietudes de la sociedad civil de la provincia.
6. Exigir al Gobierno Nacional la extinción de las concesiones mineras y en consecuencia la salida de las empresas TONGLING-ECSA y AURELIAN -KINROSS por haber violado la constitución en sus artículos 57, 315, 398, 405, y de las leyes pertinentes así como por haber tranzado acciones sobre la base de los recursos naturales de propiedad del estado ecuatoriano el primer caso la sesión de derechos del 80.8% de acciones de Aurelian a favor de Kinross en 960 millones de dólares y en el segundo caso la sesión de derechos en el orden del 97% de acciones de ECSA a favor de la empresa china TONGLING en 600 millones de dólares además de las demás empresas que se encuentran en la provincia del Azuay y del resto del sur del país.
7. Exigir al Gobierno que, a través de los órganos competentes se aplique el mandato constituyente Nº 6, sobre todo en lo relacionado en el artículo 3 a las concesiones mineras otorgadas en la cordillera del Cóndor, provincia del Azuay y otras de la parte sur del País.
8. Avanzar con la planificación y ordenamiento territorial de toda la provincia y zonificar a fin de que se determine zonas para cada una de las actividades productivas y respectar y hacer respetar dicha zonificación. El ordenamiento territorial debe ser sobre la base de los artículos 250 y 279 de la constitución.
9. Al estar explotándose el petróleo, demandar de la Asamblea Nacional se apruebe la reforma a la ley 010 , presentado ante el órgano legislativo por parte de la Asambleísta Magaly Orellana el pasado mes de agosto del presente año y de esta forma demostrar su voluntad en atender los legítimos derechos de los pueblos amazónicos del presente y del futuro
10. Demandar a la superintendencia de telecomunicaciones una investigación profunda respecto de los excesos del cobro de las planillas telefónicas y exigir la devolución de dichos recursos a los usuarios.
11. Exigir al gobierno Nacional el inicio de los estudios y la construcción del Aeropuerto de la Provincia de Zamora Chinchipe, tal como se inició con la inspección de la DAC.
12. Ratificar la declaración a nuestra provincia como el “Pulmón de la madre tierra, fuente de agua y vida” en ese contexto continuar con más fuerza en la implementación de un territorio de producción orgánico y limpio.
13. Expresar la solidaridad al compañero Salvador Quishpe Lozano, prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe; así como a otros compañeros quienes se encuentran con procesos penales en su contra, por el solo hecho de reclamar el respeto a los derechos de la provincia y del pueblo ecuatoriano.
14. Respaldar la adhesión de nuestra provincia de Zamora Chinchipe a la Mancomunidad Amazónica y desde allí unirnos para exigir los derechos de nuestros pueblos amazónicos.
15. Prepara y participar en la III Cumbre Amazónica que se desarrollara el próximo 14 de octubre en la ciudad de Zamora, donde se trataran temas de interés de Zamora Chinchipe y de la Amazonía en general.
16. Conformar una coordinadora de organizaciones sociales y productivas de la provincia por la defensa de nuestros recursos naturales, el respeto a nuestros derechos y la aplicación de una verdadera justicia para todos.
17. Impulsar una marcha nacional por la libertad y la justicia, así como por la defensa de nuestros territorios. Esta marcha se realizara en coordinación con las demás organizaciones sociales, estudiantiles, trabajadores, campesinos, indígenas, etc. Regionales y Nacionales.
18. Exigir la libertad del compañero Marcelo Rivera y otros compañeros del país que se encuentran en la cárcel por el gobierno Nacional.
19. Declarar en reuniones de planificación permanente a todas las organizaciones sociales de la provincia de Zamora Chinchipe.
A más se ratifica los acuerdos y propuestas de la CONAIE de la Asamblea realizado en Tungurahua –Baños.
Ángel Benigno Zapata Morocho
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO AMPLIADO DE PÚEBLOS Y NACIONALIDADES EN DEFENSA DE LA VIDA DE LOS ZAMORANOS CHINCHIPENSES.
Carta para el Presidende Correa exigiendo auditoria a Yasuni
CARTA AL PRESIDENTE CORREA PARA EXIGIR UNA AUDITORIA AL YASUNI
Septiembre del 2011
SEÑOR PRESIDENTE
RAFAEL CORREA
REPUBLICA DEL ECUADOR
c/c
rafael.correadelgado@presidencia.gob.ec
rebeca.grynspan@undp.org
embajada del ecuador: http://www.mmrree.gob.ec/representaciones/indice_ec.asp
info@amazoniaporlavida .org
De nuestras consideraciones:
NOSOTROS LOS ABAJO FIRMANTES: CONSIDERANDO
- Que estamos comprometidos con la iniciativa de no explotación del crudo en el Yasuní.
- Que estamos decididos a empujar a nuestros gobiernos para apoyar la Iniciativa Yasuní-ITT como un camino para una transición post extractivista y apoyarla desde nuestros espacios individuales y colectivos.
- Que sabemos que de acuerdo a la Constitución ecuatoriana no se debe explotar petróleo en áreas protegidas y que además se reconocen los Derechos de la Naturaleza y el sumak kawsay (buen vivir).
- Que consideramos que el gran mérito de la Iniciativa Yasuní-ITT es haber puesto por primera vez en el escenario internacional la posibilidad cierta de no explotar el petróleo superando, además, los discursos del mercado del carbono que dominan la discusión sobre cambio climático.
- Que a pesar de todo la información que circula internacionalmente sobre esta Iniciativa de vanguardia para la protección de la vida en el planeta, hay contradicciones y confusiones que inhiben a muchas personas, colectivos y gobiernos a ser parte de ella
PROPONEMOS:
- Realizar una auditoría socio ambiental del conjunto del parque para garantizar su integridad.
- Aclarar internacionalmente y de manera categórica que ésta es una Iniciativa orientada a no extraer el petróleo, que conmina a los países más ricos a asumir su mayor responsabilidad en la protección del planeta e invita a ser parte de ella con contribuciones económicas. Superar definitivamente aquella visión que pretende acomodar esta Iniciativa a los perversos mercados del carbono.
- Tomar medidas urgentes que se dirijan a verificar la real voluntad del gobierno ecuatoriano de salvar el Yasuní y a su gente y la de avanzar en la transición post-petrolera: Incorporar el Bloque 31 a la propuesta, pues está en el corazón del Yasuní; dar marcha atrás en la licitación del campo Armadillo, en donde hay evidencias de la presencia de pueblos libres en aislamiento voluntario, habitantes tradicionales del Yasuní; y, anular los cambios de área geográfica introducidos en la renegociación de los contratos en los Bloques 14 y 10, por ser ilegales e inconsultos y afectar el Parque Nacional Yasuní, el primero, y al territorio del pueblo de Sarayacu, el segundo.
- Contactar con el nuevo gobierno peruano para estudiar la posibilidad de ampliar hacia el oriente la área de protección del campo ITT incorporando los campos vecinos en el lado del Perú, para construir una Iniciativa aún más grande y potente.
- Finalmente, resulta indispensable desarrollar herramientas (cuentas, certificados, garantías) para que los ciudadanos y las ciudadanas de distintas partes de mundo podamos apoyar la Iniciativa de manera individual y colectiva.
FIRMAMOS
CAMPAÑA AMAZONIA POR LA VIDA
Ecuador: AGROCOMBUSTIBLES Alimentos para los autos no para los seres humanos !!!
RAFAEL CORREA, presidente de Ecuador:
"Ya tenemos el mapeo de las zonas agrícolas y hay 400.000 hectáreas donde no hay nada" y se puede sembrar caña de azúcar o palma africana.
El gobierno nacional del Ecuador ha puesto en marcha una serie de políticas para la producción de agrocombustibles, las cuales comprometerían 50 mil hectáreas de tierras agrícolas de producción de caña para la producción de etanol, así como un área no determinada para incluir en la matriz energética 79 millones de galones de biodiesel de palma y 137 mil galones de aceite de piñón para el año 2013.
Esto provocará una transformación en el uso de la tierra, que pasaría de una producción dedicada para la soberanía alimentaria, a otra para la alimentación de automóviles. La propuesta es impulsar estos cultivos a través de los negocios rurales inclusivos, mediante los cuales los campesinos y pequeños productores estarían atados a una empresa a través de crédito, la entrega de insumos o asistencia técnica. Los agrocombustibles estarían destinados al consumo interno y a la exportación.
Cuenca: Corte Constitucional admite petición de demanda
Corte Constitucional admite petición de demanda
Cuenca, 21 de septiembre de 2011
Alrededor de dos años duró para que la Corte Constitucional ADMITIERA la demanda de acción por incumplimiento del Mandato Minero número 6, presentado por Leonardo López, Presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA) y Carlos Pérez, Presidente de los Sistemas de Agua Comunitarios del Azuay, (UNAGUA) en contra del Ministro de Recursos no Renovables, hoy representado por Wilson Pastor. Quienes en rueda de prensa realizada hoy a las 10h00, dieron a conocer los puntos sobresalientes de la admisión, firmada por el Dr. Edgar Zárate Zárate, la Dra. Ruth Seni Pinargote y Dr. Hernando Morales Vinueza, Jueces Constitucionales, y Certificado por la Dra. Marcia Ramos Benalcazar, Secretaria.
De conformidad con los Arts. 93 y 436, número 5, de la Constitución de la República y 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el Sistema Jurídico, actos administrativos de carácter general, así como el cumplimiento de sentencia o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigirla.
El art. 55 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, estable los requisitos que debe contener la demanda de acción por incumplimiento. Por tal razón la sala considera que en aplicación de las normas referidas en los considerandos anteriores, la presente acción de incumplimiento reúne los requisitos formales exigidos para la presentación de la demanda, establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por tal razón se admite a trámite de acción de incumplimiento. Los dirigentes aspiran que el gobierno intervenga en esta admisión.
Lizardo Zhagui
Red Ecuachaski FOA-UNAGUA
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