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Huaoranis amenazan por labor petrolera y juicio por terrorismo
José Olmos | TIGÜINO, Pastaza
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TIGÜINO, Pastaza.César Nigua, dirigente huaorani, pide que se respeten las
costumbres, se archive un juicio, que la empresa Petrobell dé trabajo a
los comuneros, entre otras demandas.
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20 ENE 2013
Viviendas de cemento toman forma en la selva
Bajo el alero de una choza usada como cocina está atada una decena de
filudas lanzas de unos tres metros de largo. César Nihua, indígena
huaorani de 30 años, dice que estas son parte de las armas con que cuentan
los comuneros para defenderse y atacar, si fuera necesario.
Él es coordinador de jóvenes y ancianos de las comunidades huaoranis
Tigüino y Bataburo, en el límite de Pastaza y Orellana, en la selva
ubicada a casi dos horas de Coca. Nihua asegura que él está asumiendo el
liderazgo de Babe, guerrero huao que falleció hace dos años y quien
dirigió varios ataques, entre ellos aquel que acabó con la vida de 26
indígenas taromenanes (no contactados).
Señala que la etnia está en alerta. Decenas de jóvenes y mujeres así lo
demuestran cuando un extraño llega a su zona. Hablan en su idioma y
vigilan de lejos, paso a paso, a los visitantes. Los dirigentes esperan
que se archive un juicio que, por sabotaje y terrorismo, se les sigue a
siete nativos en el Juzgado II de lo Penal de Puyo. Es por una protesta
que los comuneros de Tigüino y Bataburo hicieron en marzo del 2011 contra
la empresa transnacional Petrobell, que extrae petróleo en esa zona
indígena.
Los huaos dan plazo hasta el 15 de marzo próximo para que se archive ese
proceso. Esperan además atención gubernamental a sus proyectos y que la
petrolera les dé más empleo.
El pasado 26 de diciembre hubo otra demostración de su ira: cerraron el
acceso a un pozo de Petrobell, en Cuchiyacu, cerca de Bataburo, para
reclamar a la empresa porque disminuyó las plazas de trabajo para los
comuneros, para exigir que se apure la ejecución de 67 viviendas por parte
del ente estatal Ecuador Estratégico y que el Ministerio de Educación
entregue puestos a docentes huaos.
Un centenar de policías y militares, con personal de Petrobell, ingresaron
para abrir la ruta y permitir que el tanquero de la empresa evacuara el
crudo que dejó de extraerse durante casi un día y medio.
Aquel 26 de diciembre hubo forcejeos y gases lacrimógenos. Con sus lanzas,
los huaos dominaron a los uniformados. Les quitaron los escudos, toletes,
armas y hasta uniformes. Tres carros en los que ellos llegaron quedaron
con los vidrios rotos y llantas ponchadas.
El gobernador de Pastaza, Carlos Lugo, y el comandante de la IV División
del Ejército Amazonas, Fernando Proaño, acudieron a pedir que los huaos se
calmaran y devolvieran los pertrechos. Lo lograron. Luego se formó una
comisión de diálogo para canalizar los requerimientos de los nativos.
Desde entonces, dirigentes de ambas comunidades y de la NAWE (Organización
de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador) han mantenido tres reuniones con
las autoridades del Gobierno. En estas han acordado que Petrobell
establezca plazas de trabajo adicionales a las que tenía para Tigüino y
Bataburo. Esta semana empezaron a laborar doce miembros de esas
comunidades como jornaleros, ganando el salario básico.
Sobre los docentes, la dirigencia de la NAWE envió, a través de la
Gobernación de Pastaza, a la Zonal 3 de Educación, once carpetas de
profesionales indígenas para que se emitieran los nombramientos. Y desde
el 2 de enero se retomaron los trabajos del plan de vivienda.
No obstante, dos días después de los incidentes de diciembre, la IV
División denunció la reacción de los nativos en la Fiscalía de Orellana.
Allí se indica que los indígenas se apoderaron de una escopeta, 20
cartuchos de escopeta, 2 granadas de Trufly, 6 cascos, 4 escudos, 3
chalecos, 15 granadas de gas lacrimógeno. La Policía informó a la Fiscalía
sobre la destrucción de dos vehículos de la entidad en Orellana y una
camioneta alquilada por la petrolera.
La Fiscalía de Orellana transfirió el caso, el pasado miércoles, a la
misma entidad en Pastaza, donde se ventila ahora una indagación previa a
cargo del fiscal Jorge Gil. Si esta progresa, otro proceso inquietará aún
más a los huaoranis.
“Lo que hacemos es reclamar nuestros derechos. Queremos atención del
Estado a nuestros planes y respeto a nuestra forma de vida”, dice César
Nigua.
Roberto Ima, otro joven huao dirigente de Bataburo, indica que el
descontento surge desde la vigencia de unas reformas a la Ley de
Hidrocarburos. Allí se eliminan los convenios de cooperación que firmaban
directamente las petroleras con las poblaciones aledañas a las
instalaciones de extracción. Ahora esas regalías van al Estado y este debe
canalizar los recursos a las comunidades.
“Las compañías dicen que pidamos al Estado. Los diversos ministerios nos
piden proyectos, pero cuando presentamos no nos atienden”, afirma.
Como parte de esa gestión, el Miduvi ejecuta el plan de 67 viviendas a un
costo de 2,4 millones de dólares. Pero esa obra no tranquiliza a los
huaoranis.
“Este no es un regalo del presidente ni del Gobierno. Es un derecho que
nos corresponde porque por 40 años han sacado el petróleo y no nos han
dado nada”, afirma Nihua, quien pide, además, mejorar la atención en
salud, que ahora brindan un médico y dos auxiliares. También becas
estudiantiles, programas de ecoturismo, agua potable y hasta
alcantarillado.
El dirigente refiere que eso es importante, pero dice que lo que ellos
rechazan, sobre todo, es que se criminalice la protesta. Se enfurecen por
el juicio. Y mucho más por el nuevo proceso. “En vida huaorani no existe
esa palabra terrorismo. Un huao guerrero sí hay, pero el huao no sabe lo
que es terrorismo, nadie sabe…”.
Ustedes están contra las leyes, ¿están conscientes de eso? “Muchos jóvenes
sabemos lo que es la ley, pero nuestros abuelos, nuestros padres, tíos
saben que ley es atacar, coger y matar. A una persona extraña cogen, matan
y botan al río. Nosotros defendemos nuestra cultura y nuestras leyes son
internas, todo es en nuestro territorio y deben respetarnos”, dice Nigua,
quien detalla que poseen lanzas, cohetes artesanales y más.
El juicio por sabotaje y terrorismo, por los hechos de marzo del 2011,
donde se vieron afectados Petrobell y el Ministerio de Energía, está en el
Juzgado II de lo Penal de Pastaza. La fiscal del caso, Maribel Barreno,
solicitó, con fecha 21 de diciembre del 2012, que establezca fecha y hora
de audiencia preparatoria de juicio. Aún no hay respuesta a ese petitorio.
Ante un requerimiento de este Diario, hace seis días, el gobernador Lugo
refirió que se privilegiarán los diálogos.
Una postura similar mantiene el vicepresidente de la NAWE, Gilberto Nenquimo.
_________________________________________________
Confederacion de Nacionalidades Indigenas del Ecuador CONAIE
http://www.conaie.org
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