REVISTA VANGUARDIA, agosto 2011
INFORME CENTRAL El agua enciende la mecha Hidroenergía, trasvases, minería arman el guión desarrollista oficial. ¿Cuál es el impacto en el campo, el turismo, la biodiversidad? Vanguardia muestra los actuales conflictos sociales en torno al agua.
En la lectura oficial, el Proyecto multipropósito Chone persigue acabar con las históricas inundaciones en la ciudad manabita. Hay estudios que morigeran el entusiasmo del gobierno.
Hidroenergía, trasvases, minería arman el guión desarrollista oficial. ¿Cuál es el impacto en el campo, el turismo, la biodiversidad? Vanguardia muestra los actuales conflictos sociales en torno al agua.
Desarrollo y paz social hoy no riman en Ecuador. Hay, más bien, rumor de batalla. La promesa millonaria de la reactivación productiva del país, mediante la hidroelectricidad, la minería y los trasvases multipropósito, tiene un envés con una factura social y ambiental impredecible, pues dicha promesa no juega con fuego sino con agua. Agua que corre hacia presas, piscinas de procesamiento y megacanales. Agua que atraviesa a Coca Codo Sinclair, a las minas de la cordillera del Cóndor, a los proyectos manabitas donde se multiplican los pasivos para las poblaciones aledañas que viven de la agricultura y el ecoturismo. Se trata de otra reedición de la paradoja del progreso. O de una mimetizada y curiosa privatización del agua en manos del Estado.
Por un lado avanza la aplanadora oficial, con 11 megaproyectos de generación hidroeléctrica en agenda. Y a contracorriente las comunidades potencial y factualmente afectadas se organizan para que sus puntos de vista sean escuchados. Las respuestas del poder son de diverso calado. Desde la burla —ecologistas antipatria— hasta el aguacero de gas lacrimógeno y la cárcel.
A inicios de mes, Manabí y Tungurahua, por citar dos ejemplos, supieron que la aplanadora oficial avanza a toda máquina. Río Grande, comunidad asentada en el cantón Chone, vive con una presidencial espada de Damocles. Si las familias que critican el Proyecto multipropósito (Pmpch) no deponen sus acciones, que incluyen la solicitud de medidas cautelares, el Ejecutivo dijo que se entrará a la zona incluso a la fuerza. El próximo viernes 2 de septiembre la jueza María Bravo debe decidir si la Senagua y los técnicos de la empresa china Tiesiju, a cargo de la obra, pueden ingresar a operar en 40 ha del agricultor Alfredo Zambrano, donde se construiría la represa, estructura que, en la versión oficial, servirá para poner punto final a las atávicas inundaciones en Chone.
En Carondelet se reduce el conflicto a números. Se cree que el problema nace en 103 familias manipuladas por Pachakutik y el MPD. Pero hay estudios que hablan de los pasivos del Pmpch. “En Río Grande serán desplazadas unas 6 000 personas —dice David Reyes, experto en temas hídricos de Acción Ecológica—, esto para un área de riego de 2 000 hectáreas”. Y en la perspectiva de Kashyapa Yapa, ingeniero esrilanqués experto en trasvases y que asesora a comunidades campesinas de Ecuador, “la represa es la peor solución a las inundaciones de Chone. Su propuesta se basa en la visión blindada de la época dorada de las grandes represas: que todos los ríos que se desbordan se deben encarcelar, domar y dominar, para el beneficio de los habitantes de la ciudad”.
Dice Yapa que en el Pmpch hay errores de cálculo de caudales, pluviosidad y consistencia del suelo donde se construiría la presa. Además, no se toman en cuenta los factores agravantes de las inundaciones, como la deforestación del manglar en el estuario del Chone, la eclosión de camaroneras por las cuales se han abierto un sinnúmero de esteros hacia las piscinas y, en parte, la mala orientación de las compuertas de la presa Simbocal que canaliza las aguas del río Carrizal hacia el Chone.
Las consecuencias: poblaciones incomunicadas, deterioro de suelos productivos, generación de microclimas propicios para enfermedades tropicales y muerte del agua de los ríos represados por la acumulación de nitrógeno, fósforo y CO2 en los sedimentos y en las cortezas de lechuguines que cubren el espejo de agua.
En Río Grande no quieren sufrir lo que sufren los afectados por La Esperanza, Poza Honda y Daule-Peripa. Y en el resto del Litoral y del país las dudas crecen en torno a una veintena de proyectos, entre ellos San José del Tambo, Angamarca, Baba… “En este —dice David Reyes— hay un informe de la Contraloría que indica que faltan facturas por 20 millones de dólares. Además, con este proyecto multipropósito se desvían las aguas a la provincia del Guayas y se deja un caudal de apenas 10 m3/s a todo lo que es Buena Fe, Quevedo, Mocache y Vinces, en la provincia de Los Ríos”.
Entre tanto la Senagua espera que en el caso Río Grande el fallo de la jueza Bravo le sea favorable. Pero en este punto Reyes, de Acción Ecológica, cuestiona si la entidad está asumiendo funciones que constitucionalmente le corresponden. “Esta es la entidad que regula y planifica el agua en el Ecuador y hoy está haciendo un trasvase”. Vanguardia solicitó una entrevista con Cristóbal Punina y Alexis Ponce, secretario y subsecretario de la Senagua, respectivamente, para abordar la problemática social en torno a los proyectos hídricos, pero la cita no se concretó.
En Tungurahua, en cambio, la amenaza oficial no se quedó en eso y los agricultores y activistas ecológicos de la comunidad El Topo, un enclave agrícola y de turismo de aventura en las puertas de la Amazonia, tuvieron que enfrentarse a 350 policías. La comunidad —dice el ambientalista Alcides Díaz— recuerda cómo el gobierno dijo que en la provincia no se construiría una presa más, porque la población ya puso su aporte con San Francisco y Agoyán. Pero a partir del triunfo del No en el cantón Baños, al cual pertenece el pueblo, las señales son contradictorias y las máquinas de la empresa Coandes, contratadas por la firma Pemaf, avanzan hacia la construcción del proyecto Río Topo I. Por eso la gente apostó por la resistencia y quiso detener el paso de los equipos. Se encontró, sin embargo, con las agresiones de la Policía y con procesos judiciales...
Díaz integró un grupo de tungurahuenses que recolectó firmas para solicitar una consulta popular. El fin: que el cantón se pronuncie sobre la potencial nueva represa. El proceso quedó en suspenso por las votaciones del 7 de mayo. Pero en las retinas de los baneños el pasado no se borra. La cascada del Agoyán, en los ochenta, era portentosa. Hoy, gracias a la presa y al cambio climático, es una lágrima. Y con el dique San Francisco, 700 familias quedaron sin agua para el riego, pues el embalse convirtió en roca varios kilómetros del río San Jorge. Por eso, para el ambientalista la hidroelectricidad deja facturas al campo, al ecoturismo y a la biodiversidad. Myriocolea irrorata es un ejemplo. La epífita, especie endémica del Ecuador, crece únicamente en las riberas del Topo, bañadas por el agua que nace en los míticos Llanganates. Pero parece que una especie única para la botánica, entre otras 32 amenazadas en Baños, poco puede hacer frente a los 25 Mw que promete generar Río Topo I.
Esa inquietud también se respira en las inmediaciones de la cascada de San Rafael, hasta ahora la más caudalosa del país, y de los ríos Quijos y Coca, en Napo, cuyas aguas moverán las turbinas que supuestamente darán al país 1 500 Mw con el sistema Coca Codo Sinclair, construido por la empresa china Sinohydro. Para Mateo Terry, presidente de la Fundación Río Napo, la oferta, de entrada, es sobrevalorada. De los 1 500 Mw proyectados —dice— el sistema en máxima capacidad podrá generar alrededor de 500 Mw. ¿Cómo llega a esa cifra? Terry considera que las consultorías que se contrataron para actualizar los datos del proyecto —pues la idea es de finales de los 70— no consignan la variabilidad de los caudales y la pluviosidad hacia la actualidad. Terry sostiene que para el diseño se pensó en un caudal de 223 m3/s, con base en el valor promedio registrado entre 1964 y 1985, es decir, 292 m3/s.
La Fundación Río Napo conserva registros desde 1998 en los cuales es claro que la fuerza del Quijos, del Coca y de la cascada han decaído. En aquel año, el caudal promedio fue de 160 m3/s. En el 2005, cuando se celebró en la zona el Mundial de Rafting, fue de 50 m3/s. Tres años más tarde empezó su recuperación con un índice de 80 m3/s. Hoy, de acuerdo con Mateo Terry, el empuje marcha entre los 80m3/s y los 100 m3/s. En un testimonio recogido por la Fundación, el deportista estadounidense Glen Vermeeren, quien vive buena parte del año en las riberas del Quijos, corrobora aquella medición.
Las cifras apuntalan la incertidumbre en torno a Coca Codo Sinclair. En documentos del 2008, el Conelec y el Ministerio de Electricidad se comprometieron a respetar un caudal de 56 m3/s para que San Rafael conserve su encanto para el turismo y los deportes extremos. Entonces, según las cuentas de Terry, si los promotores de las represas respetan los 56 m3/s quedarán en promedio 40 m3/s para impulsar turbinas que alcancen a generar 375 Mw.
Terry, como muchos activistas, no se opone per se al sistema hidroeléctrico, pero opina que la obra merece cálculos actuales, una consideración real de su precio y criterios consensuados con la comunidad sobre la conservación del agua como insumo básico, la biodiversidad, el paisaje y el turismo.
La minería es la tercera columna de la polémica. Y el Austro y la cordillera del Cóndor son los escenarios de los mayores conflictos. La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida realizó un encuentro latinoamericano sobre los conflictos sociales relacionados con el agua. El balance es crítico para el país: campesinos desplazados, 19 dirigentes procesados por la justicia, otro tanto en la clandestinidad y abogados ambientalistas encarcelados, literalmente a patadas, por promover la protesta de los habitantes de Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Ellos ponen reparos a la minería a gran escala. Carlos Pérez Guartambel, representante legal de los campesinos del oriente azuayo, por ejemplo, fue violentamente apresado en Cuenca por defender las fuentes hídricas de la contaminación minera. Los comuneros, en cambio, dicen ser víctimas de acciones extrajudiciales para amedrentarlos. A Inés Guartambel, madre del abogado Pérez, le robaron sus animales el día en que la Policía privó de la libertad a su hijo. Pero ella, que se identifica como una gallarda indígena cañari, dice que seguirá en pie porque el agua sirva para el consumo humano, la agricultura y las actividades recreativas. Y no para que 8 000 litros se inviertan y contaminen para procesar una onza de oro, como indica Alberto Acosta en su ensayo La maldición de la abundancia.
¿Qué, finalmente, está en juego con este guión de la fuerza? David Reyes, de Acción Ecológica, recuerda que el Conelec, en abril pasado, dio carta blanca para que la empresa privada vuelva a producir energía, pese a que la Constitución establecía limitaciones. Así se han vuelto a tomar los proyectos que se habían paralizado por las movilizaciones sociales. "Este es un negocio de los consultores y de los productores. Hay mucho dinero para eso y no importa que luego los proyectos no funcionen”. En cifras conservadoras se estima que las consultorías han extendido una factura de 70 millones de dólares.
Lo más crítico, sin embargo, no está allí. Reyes apuesta por un cambio en la matriz energética del país y considera que la generación hidroeléctrica es limpia. De hecho, el gobierno promociona sus planes dentro de los más de 70 mecanismos de desarrollo limpio para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático, a partir de la reducción de emisiones. Un fin, en ese horizonte, es llegar al 2040 con cero generación térmica. El activista de Acción Ecológica agua la fiesta oficial cuando recuerda que la hidroelectricidad también supone un alto impacto social. En su perspectiva dice que la Senagua es la entidad que entrega las concesiones hídricas y ahora existen más de 200 destinadas a uso hidroenergético. “Eso significa que habrá más de 200 microcuencas donde la gente no podrá usar el agua. Esto es más que una privatización”.
PUNTO DE VISTA
Ricardo Buitrón. Coordinador del proyecto andino del agua
Hidroelectricidad: ¿la única vía?
En la gestión ambiental ahora se hace necesario considerar algo que suena complicado: la internalización de las externalidades. ¿Qué quiere decir esto? Significa, sencillamente, incorporar las potenciales afectaciones que no se ven a los costos de cualquier megaconstrucción. Entonces, una de las principales externalidades es el desplazamiento de la población. Los proyectos hidroeléctricos y los represamientos normalmente implican la anegación de zonas que generalmente albergan a comunidades que desarrollan actividades productivas específicas según el entorno: agricultura y turismo, especialmente.
Por tanto, una obra de gran infraestructura tiene como externalidad el reasentamiento de familias enteras, con claros impactos sociales y culturales. Esto no se considera previamente en la planificación de las grandes construcciones. No se considera, por ejemplo, un censo productivo que indique cuál sería la afectación de estos movimientos poblacionales en términos de desarrollo endógeno del país.
Otro aspecto de las externalidades es el factor ambiental. Usualmente una presa tiene una vida útil de alrededor de unos 30 años y luego de eso aquella infraestructura no solamente está en malas condiciones técnicas, por lo cual pudiera representar una amenaza, ya que para muchas presas no se considera el costo que tendría la demolición de las estructuras ni la afectación que esa acción tendría para las poblaciones aguas abajo de los embalses. En este caso se debiera empezar a pensar en qué tipo de evaluaciones se están haciendo con respecto a la central de Paute, más allá de la construcción de Mazar, una presa que debió haber sido levantada al menos una década atrás.
Un represamiento de aguas también implica la formación de un microclima proclive al aumento de mosquitos. Además incide el asolvamiento de los cauces por sedimentación, debido a que al no reforestar las zonas aledañas llegan materiales al represamiento, factor que acorta la vida útil de las turbinas y las centrales de generación.
En el país hay varios ejemplos de estas consecuencias. En el caso de las obras de Cedege con el proyecto Daule-Peripa muchas poblaciones quedaron incomunicadas en zonas donde se iban a captar inmensos caudales y a las cuales ni siquiera llegó el agua potable.
Para el caso reciente del río Grande, en Manabí, se parte de estudios que se hicieron hace 30 años. No hay informes meteorológicos actualizados que determinen cuál es el caudal y el nivel de precipitaciones en los puntos donde se realizarán las captaciones.
En Ecuador, además, resulta muy común que los estudios de impacto ambiental se desarrollen al final de un proceso. Una valoración de este tipo debiera servir para determinar si se hace o no la obra. Aquí ocurre todo al revés y se formulan estudios a la medida para cumplir con ciertos requisitos que, a la final, son puro trámite.
Por ello un debate global que todavía no se da se refiere al tipo de matriz energética específica que requiere el país. Ecuador no sólo debiera pensar en la generación hidroeléctrica, sino en otras alternativas acordes con sus potenciales, como la energía fotovoltaica. Se pueden dar pasos desde lo local hacia lo nacional, por ejemplo, con el establecimiento de ordenanzas que establezcan que todas las nuevas construcciones deban contar con sistemas solares de calefacción del agua. El objetivo es pensar no sólo en opciones frente a las fuentes fósiles de energía, sino en aquellas que nos permitan como sociedad ahorrar agua.
